Instituto de Política Pública se opone a cambios al sistema de permisos

UnknownSAN JUAN – El Instituto de Política Pública Luis A. Ferré (IPPLAF), en respuesta a la petición del presidente del Partido Nuevo Progresista (PNP), Pedro Pierluisi, estudió los proyectos legislativos que proponen cambios al Sistema Integrado de Permisos y concluyó oponiéndose a los cambios propuestos por el Partido Popular Democrático (PPD). El director ejecutivo del Instituto, Ramón L. Rosario Cortés, expresó que sobre 50 profesionales analizaron el Proyecto de la Cámara 1447 que introduce enmiendas trascendentales a la Reforma de Permisos de 2009.

“Ese proyecto, y su contraparte en el Senado, básicamente elimina todo el Sistema Integrado de Permisos. Ante eso, reunimos a ingenieros, planificadores y abogados ambientales, entre otros profesionales, para que analizaran las enmiendas propuestas”, expresó el licenciado Rosario en declaraciones escritas.

La ponencia de más de 70 páginas hace un análisis detallado, sección por sección, del proyecto.

Rosario dijo que entre sus hallazgos, se destacan que el Sistema Integrado de Permisos de 2009 fue un gran avance y puede ser mejorado, pero no se puede permitir que el afán por sacar a todos los funcionarios nombrados por el PNP lacere nuestro potencial para sacar a Puerto Rico del atolladero económico en el que se encuentra.

Asimismo, indicó que el informe destaca que el proyecto impone cargos para procesos que antes eran gratuitos, siendo ese es el caso de las querellas que presentan ciudadanos y asociaciones ambientales.

Agregó que la propuesta del PPD, además, propone volver al pasado y hacer oneroso el proceso de notificación de proyectos nuevos para las personas que quieran un permiso para crear empleos y fomentar la economía.

De otra parte, señaló que el informe advierte además que bajo la nueva propuesta se entregan todos los poderes al Director de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) sin ninguna fiscalización.

Según el informe, se ha llegado al absurdo de proponer que el fiscalizador sea el fiscalizado. Igual de incoherente es que se presente un recurso de revisión administrativa ante el revisado. Esto traerá problemas burocráticos y fomentará la corrupción y la ineficiencia.

Por otro lado, se eliminan foros administrativos especializados como la Oficina del Inspector General de Permisos, la Junta Revisora y la Junta Adjudicativa.

Según el informe, esto provocará que personas sin la especialización requerida y sin un análisis multisectorial analicen los permisos en Puerto Rico. Esto será en perjuicio del ambiente y eliminará toda posibilidad de crear en la isla un ambiente social y económico planificado.

El IPPLAF concluyó además que por primera vez desde el 1942, se elimina el ente administrativo revisor para la otorgación de permisos, lo que redundará en una agencia sin fiscalización y por la libre.

De igual modo, se advirtió que la propuesta encarece el proceso de permisos pues las revisiones se tendrán que hacer en los tribunales y no en un foro administrativo informal y económico. Esto, a su vez, atrasará por años la otorgación de permisos en Puerto Rico pues estarán a merced de los procesos judiciales.

El IPPLAF destacó que los informes más recientes del World Economic Forum y el Doing Business reflejaron que la reforma al Sistema de Permisos de 2009 fue un paso en la dirección correcta. De hecho, la versión más reciente de Doing Business Report expresamente reconoció que Puerto Rico avanzó en el reglón de permisos en comparación con años anteriores.

Por su parte, el planificador urbano y economista, José Rodríguez, expresó que “es lamentable que se presente un proyecto tan fundamental para la economía sin antes analizarlo con el insumo de todos los sectores económicos y profesionales de la isla”. A ese reclamo de incluir a todos los sectores profesionales se unieron el ingeniero Luis García Passalacqua y el arquitecto Roberto Alcina.

Por su parte, Kenneth McClintock, quien como exsecretario del Departamento de Estado presidió la Junta Asesora de Reorganización Gubernamental, afirmó que “bajo la pasada administración, logramos hacer un sistema de permisos 100 por ciento digital que para finales del 2012 había atendido el 94 por ciento de las más de 84,000 solicitudes presentadas. Para entonces, se logró que el 50 por ciento de las solicitudes se presenten por internet y eso puso a Puerto Rico en el Siglo XXI”.

En tanto, el economista y profesor de la Universidad de Puerto Rico, Jaime Benson, fue enfático en que “cualquier cambio debe ser analizado con cuidado y profundidad pues se estaría trastocando la estabilidad regulatoria de un sector seriamente afectado por la caída de la actividad económica”. En iguales términos se expresó el contratista e ingeniero, José A. Figueroa Santaella.

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