Piden revisión a propuestas enmiendas técnicas contributivas

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El presidente de la Cámara de Comercio favoreció, al igual que otras asociaciones de negocios, que la contribución mínima alternativa de la cual la Patente Nacional es parte de su cálculo, no exceda el 40 por ciento, ya que como está ahora diseñada, ese por ciento puede exceder el 100 por ciento, sobretodo, en casos en que los márgenes de ganancias de un negocio son bajos. A esto hay que añadir los impuestos nuevos de negocio a negocio en el área del IVU, el alza en agua, y otros costos operacionales.

El proyecto 1427 permite además en el tema de la solicitud de dispensa de la patente nacional por un contribuyente, que el secretario del Hacienda pueda considerar las condiciones económicas de una industria en particular, incluyendo el margen de ganancia bruta y los retos que enfrentan dicha industria en la economía actual y le concede al secretario un término de 90 días para considerar estas solicitudes. Sin embargo, no indica qué sucede si no se actúa en dicho periodo, o sea, quedaría aprobada la dispensa y a cuanto bajaría la patente nacional.

Asimismo, la medida eximirá a los que tienen menos de 3 millones de dólares en ingresos brutos del pago de la radicación del costo de la dispensa, eso también es positivo para muchas de las pequeñas y medianas empresas.

Por último, Cañellas indicó que a partir del 1 de julio se cambiaría el sistema del impuesto de ventas y uso (IVU) para uno parecido de impuesto sobre valor añadido (IVA) que prevalece en países extranjeros, donde la mercancía tributable, aún la que es para reventa, no se podría retirar de los muelles en ausencia de una fianza, sin pagar el IVA. Aún en el caso de fianza, se tendría que pagar el IVU en la planilla mensual correspondiente al mes de la introducción de dicha mercancía y luego el comerciante tratar de recuperar dicho IVU mediante crédito contra el IVU cobrado a sus clientes.

“Volver a un sistema arcaico parecido al arbitrio general, pero más complicado, es francamente inaceptable, sobre todo cuando estas nuevas imposiciones contributivas se pudieron haber evitado con un alza en la tasa del IVU, salvaguardando los derechos de las personas de escasos recursos y tercera edad, y una mejor fiscalización como ha sucedido en muchos otros países que han enfrentado situaciones económicas similares”, dijo.

“Esperamos que la Legislatura y el Departamento de Hacienda junto con el sector empresarial podamos llegar a unos acuerdos que sean de beneficio para el país”, concluyó.

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