Negligente Educación en servicios a niños de Educación Especial, a juicio de la senadora Nolasco

images99-300x123EL CAPITOLIO – El que estudiantes de educación especial permanezcan sin los servicios adecuados y la educación a la que tienen derecho, a más de un mes de haber comenzado el curso escolar es ilegal, inmoral y representa un discrimen intolerable contra la población de niños con impedimentos que pertenecen al sistema de educación pública, denunció el jueves la senadora Margarita Nolasco, quien exigió que esta situación sea atendida con prioridad por el gobernador y su secretario de Educación, quienes deberían exhibir mayor sensibilidad ante el reclamo legítimo de estos padres.

“Es una vergüenza y demuestra una gran insensibilidad justificar la ineficiencia del Departamento de Educación, al negarle servicios a los niños del Programa de Educación Especial y minimizar la tardanza en el nombramiento de sobre 100 educadores y asistentes de maestros, como un trastoque administrativo. No son casos aislados, no son excepciones, es una cantidad considerable de educadores que deberían estar en el salón de clases hace un mes, atendiendo a los estudiantes de educación especial. Esta situación es parte de un patrón de incompetencia, falta de compromiso con la niñez y total desprecio a las necesidades especiales de estos estudiantes,” afirmó Nolasco, al describir la situación que sufren los niños y padres del Programa de Educación Especial ante el Departamento de Educación como un calvario.

Conforme a la legislación federal “Individuals with Disabilities Education Act” (IDEA) y la Ley Estatal Núm. 51 de Puerto Rico, el Departamento de Educación tiene la obligación de ofrecer servicios educativos y otros servicios relacionados a estudiantes con impedimentos entre los 3 y los 21 años de edad, a través de la Secretaría Asociada de Educación Especial. La población de educación especial en el sistema escolar público en la isla, se estima en sobre 130 mil estudiantes con diversos impedimentos clasificados en doce categorías. Las tres categorías con mayor cantidad de estudiantes son los estudiantes con problemas específicos de aprendizaje, con 62 mil estudiantes; seguida de los estudiantes con deficiencias del habla y el lenguaje con 39,144; y la tercera categoría la componen aquellos con retardación mental, quienes sobrepasan los 8,220 mil estudiantes. El resto de las categorías las componen los estudiantes con: Autismo (3,434); Daño cerebral (57); Disturbios emocionales (1,433); Impedimentos auditivos (703); Impedimentos múltiples (1,312); Ortopédicos (431); Impedimentos Visuales (631); Otros (12,408).

La Senadora denunció que “estos servicios tienen que funcionar fuera de la política partidista para garantizar el bienestar de los menores. Deja mucho que decir de esta administración, que los grupos más vulnerables de nuestra sociedad, queden relegados y estén a expensas de la ineficiencia y los vaivenes políticos de un sistema burocrático y sin prioridades claras. Esta actitud no sólo afecta los servicios, sino que pone en peligro la obtención de fondos federales tan necesarios para estos programas.”

La Senadora recordó que esta no es la única situación que enfrentan los padres, pues recordó las denuncias de los Facilitadores Docentes de Educación Especial, quienes desde junio pasado, alertaron sobre el desmantelamiento, por razones puramente políticas, del Programa de Facilitadores Docentes y la alegada reclasificación de puestos con el objetivo de eliminar puestos.

“Este programa, que surgió a raíz de los reclamos de los padres y madres, que por años han sufrido la negligencia del Departamento de Educación, fue desmantelado luego de servir exitosamente como enlace para la obtención y trámite adecuado de servicios multidisciplinarios a los estudiantes de educación especial,” reclamó Nolasco quien abundó sobre la necesidad de ejercer mayor presión ciudadana para obtener resultados positivos para estos niños.

“Ante la falta liderato del Gobernador Alejandro García Padilla para hacer cumplir la ley y ante el descalabro de los servicios gubernamentales en esta administración, el pueblo debe continuar expresando su indignación y reclamando los servicios a los que tienen derecho,” puntualizó la Senadora, quien añadió que radicará una resolución para investigar el estado de las transacciones de personal del sistema educativo público, con el fin de evitar estos desmanes en el futuro.

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