Dice Charbonier que el PPD gasta millones para perseguir, sin éxito, a exsecretaria de la familia mientra Piti Gándara pide pesquisa a ex empleados de Familia

imagesEL CAPITOLIO – Para representante del Partido Nuevo Progresista (PNP), María Milagros Charbonier, el informe presentado en la mañana del martes por la senadora Rossana López, confirma que la administración de turno invirtió millones de dólares del pueblo puertorriqueño en un intento de manchar la reputación, sin éxito, de la exsecretaria de la familia, Yanitsia Irizarry, solamente por esta ser parte del pasado gobierno estadista.

“Aquí el partido popular acusó y condenó públicamente a Yanitsia Irizarry el pasado mes de enero. Todos, incluyendo a la senadora popular Rossana López, levantaron fuertes acusaciones contra Irizarry y hoy, esas acusaciones se desmoronaron. La propia López no pudo encontrar evidencia de que la exsecretaria de la familia confabulara para cerrar querellas de maltrato a menores sin investigar. Esa afirmación de la senadora hoy es una muestra clara y contundente que a los populares se le cayó esta cacería de brujas”, manifestó Charbonier mediante un parte de prensa.

Las expresiones de la representante novoprogresista surgen a raíz de la revelación de un informe por parte de la senadora López en cuanto al alegato de que Irizarry ordenó cerrar miles de casos de maltrato de menores para sacarlo de los libros antes de la transición de gobierno a finales del 2012.

López dijo que no había ninguna evidencia de que la extitular del Departamento de la Familia hubiese intervenido para clausurar querellas.

“Seguimos pendientes, porque hoy se marchita la reputación de siete personas que se les acusa, pero nadie, ni la propia senadora, sabe exactamente si eso que dice se sostiene en la evidencia. Ella solo refirió el caso al Departamento de Justicia. Eso es todo. El partido popular ha gastado miles de dólares del pueblo de Puerto Rico para sostener una argumento falso que hoy mismo desmintió López. Ese dinero se podía haber utilizado para contratar personal adicional con el objetivo de agilizar las miles de querellas nuevas que están atrasadas desde este enero. ¿Por qué la senadora no dijo nada sobre el bajo por ciento de querellas con fundamento bajo esta administración? Ahora resulta que solo el 8 por ciento de las querellas tienen fundamento cuando en el pasado siempre era entre el 20 y 25 por ciento?”, puntualizó Charbonier

La portavoz de la delegación de PNP en la Comisión de la Mujer además indicó que el informe sometido por López, para todos efectos prácticos, anula la investigación que lleva la cámara baja.

“La compañera (Luisa) Piti Gándara realiza una investigación sobre lo mismo. Una investigación que está en curso desde enero y todavía no se ha rendido ningún informe. El Senado nuevamente se le adelanta a la Cámara. Para todos los efectos, esta revelación de hoy trastoca cualquier esfuerzo de la cámara y es una burla para el pueblo que se continúe gastando dinero en Comisión de Bienestar Social, para alegadamente investigar lo mismo”.

Por su parte, la representante popular Luisa “Piti” Gándara se unió al reclamo de la senadora Rossana López para que el Departamento de Justicia tome acción contra los ex-empleados del Departamento de la Familia que en el pasado cuatrienio actuaron indebidamente en el manejo de 47,000 querellas contra menores y envejecientes.

“Nuestros niños y envejecientes merecen justicia. 42,000 querellas de maltrato contra menores dejadas sin atender por hasta cuatro años por la pasada administración y otras 5,000 contra envejecientes es inaceptable. Es hora ya de que los funcionarios públicos que son negligentes en el desempeño de sus funciones respondan por su inacción,” indicó Gándara.

La Comisión que preside Gándara tiene pendiente el informe final de la investigación del Task Force creado por el Presidente Cameral, Jaime Perelló para investigar las 42,000 querellas contra menores dejadas de atender a largo plazo por la pasada administración.

“No solo se dejaron de atender estas querellas de maltrato contra menores y envejecientes por hasta cuatro años sino que se mandaron a cerrar otras 5,000 adicionales. Estamos hablando de un total de 52,000 querellas. Estos no son números, Son personas sin voz a los que el sistema les falló. El daño puede ser irreparable. El silencio hace a un funcionario cómplice también,” dijo Gándara.

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