Comienza análisis constitucional del Plan Decenal de Educación

foto:microjuris.com

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EL CAPITOLIO – En el primer día de discusión de los aspectos constitucionales del proyecto del Plan Decenal de Educación, la presidenta de la Comisión de Educación y para el Fomento de las Artes y la Cultura, Brenda López de Arrarás opinó el martes, que las ponencias de los invitados darán a los miembros de la Comisión “la oportunidad de realizar un análisis ponderado de todas las áreas constitucionales de forma tal que podamos bajar finalmente, si decidimos aprobar una medida, sin ningún vicio de inconstitucionalidad”.

“Hemos comenzado a evaluar y analizar los aspectos legales de la medida que diversos grupos y los propios compañeros de la Comisión entienden que pueden afectar la buena intención del proyecto. Esta semana tenemos la oportunidad de discutirlos a fondo para incluirlos en el análisis final de la medida”, señaló López de Arrarás.

Por su parte, la presidenta del Colegio de Abogados, la licenciada Ana Irma Rivera Lassén se mostró a favor del mismo, siempre y cuando el secretario de Educación –Rafael Román Meléndez- esté al frente de la iniciativa para evitar un choque con los poderes que la Constitución le confiere.

En su ponencia la presidenta del Colegio de Abogados, planteó que era genuino incorporar la participación ciudadana en el desarrollo de este Plan Decenal, “pero debe ser visto como un acompañamiento al Departamento de Educación y no como un ente por encima de esta agencia que tiene un mandato constitucional específico de implantar las leyes relacionadas al tema”.

De este modo, recomendó que “ante las dudas que podrían crearse entre los poderes actuales del secretario(a) y las metodologías más horizontales que propone el proyecto, nos parece que debe ser el secretario de Educación quién presida los distintos órganos que se proponen en el proyecto”.

Por su parte, el ex secretario de Educación, José Arsenio Torres, apuntó que una “reforma educativa puede y debe ser realizada mediante la precondición de un diálogo intenso y extenso de la comunidad de los interesados, que somos todos, como una exigencia de ley previa a la toma de decisiones por los funcionarios que la Constitución y las leyes designan para ello”. De este modo, propuso que la Comisión recomiende a la Cámara hacer el nombramiento de un Grupo de Trabajo para que estudie y formule un Plan de Acción ejecutiva y legislativa hacia la reforma de la educación pública en Puerto Rico.

“Para preparar dicho plan el Grupo se valdrá de todos los recursos académicos y comunitarios disponibles en el País y de todos los recursos económicos y administrativos que el gobierno pueda prestarle. Este Plan debe prepararse en seis meses”, dijo el profesor de sociología.

Según Torres, el Grupo debería constituirse de 14 miembros, que laboren de forma gratuita y entre los que mencionó a una persona nombrada por el gobernador, el cual sería el presidente. Recomendó además, al secretario de Estado, David Bernier como candidato para esta posición.

Asimismo, deberá contar con seis miembros seleccionados por los presidentes de la Cámara y Senado, dos miembros seleccionados por las agrupaciones magisteriales y cinco ciudadanos universitarios de reconocido historial intelectual sobre problemas de educación y cultura. Luego de redactado dicho Plan, el mismo sería presentado ante la Asamblea Legislativa para ser aprobada.

Mañana la Comisión recibirá la ponencia de la Asociación de Abogados, así como del Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores (SPT).

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