Catalogan de irrazonable nuevo reglamento que paralizaría desarrollo en la isla

imagesSAN JUAN – Miembros de la Asociación de Constructores de Hogares, el Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas y la Asociación de Contratistas Generales emplazaron el miércoles a la Junta de Planificación y al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) a que desista de su intento de aprobar el Plan y Reglamento del Área de Planificación Especial del Carso como esta propuesto en mapas y documentos presentados por ambas agencias.

Esto, por entender desvirtúa el compromiso de trabajar en consenso con la redacción de un Plan de Uso de Terrenos apropiado,Las organizaciones solicitan a la actual administración a que continúe el diálogo iniciado con el sector productivo del país, para juntos establecer estrategias que redunden en una planificación justa y sostenible que promulgue la protección del ambiente y el desarrollo económico.

“Luego de un amplio diálogo entre los sectores productivos solicitamos que, tanto la Junta como el Departamento de Recursos Naturales desista de la discusión de este nuevo reglamento, que traería consigo la paralización del desarrollo responsable contrario a la Ley 292 de -1999, conocida como “Ley para la Protección y Conservación de la Fisiografía Cársica de Puerto Rico”, señaló el presidente de la ACH, Alejandro Brito.

Añadió que mediante la Ley 292 se establece como “política pública del Gobierno de Puerto Rico” proteger, conservar y manejar para beneficio de ésta y futuras generaciones la fisiografía cársica de Puerto Rico. El Reglamento no logrará ese objetivo mientras que, en esencia, congelará la actividad productiva en el norte de Puerto Rico y sectores del sur y oeste.

Por su parte, Santiago Domenech, presidente de la ACG explicó que el reglamento propuesto contrario a la “Ley Núm. 161- de 2009, según enmendada, conocida como “Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico”, la cual se estableció con el propósito de “facilitar y propiciar el desarrollo integral, económico, social y físico sostenible de Puerto Rico que resultará en el crecimiento de más, mejores y diversas industrias y en la creación de empleos en el sector privado”.

Por su parte, la presidenta del Colegio de Arquitectos, Pilarín Ferrer señaló que el reglamento que estará discutiendo en vistas públicas, la Junta de Planificación y el Departamento de Recursos Naturales, es una iniciativa que pretende, exigir una consulta de ubicación a todo proyecto dentro de la zona cársica que se extenderá por más de 52 municipios, incluyendo la islas Vieques y Culebra. Este requisito vendría a complicar aún más el ya complejo trámite de permisología, y podría comprometer la viabilidad de cualquier tipo de desarrollo en el área Norte de la Isla, además de que tendría un impacto sobre los costos por solicitar un permiso.

Ferrer señaló que el Colegio “entiende que el Plan de Uso de Terrenos debe trabajarse y ser aprobado, antes de discutir un plan de tanta envergadura como este, el cual sin duda debe ser parte integral de dicho Plan de Usos de Terrenos. Trabajar, por separado, en la delimitación de la Zona del Carso no deja claro como se integraría a los planes de ordenación territorial actuales y de los municipios autónomos. La experiencia ha demostrado que el encarecer y complicar el trámite de permisos lejos de promover el cumplimiento con los mismos fomenta la construcción informal que no reconoce ni códigos ni zonificación”.

Mientras tanto, Brito señaló que el Plan y Reglamento del Área de Planificación Especial del Carso, según propuesto, amplia un área de protección de la zona cársica que limitaría casi por completo el desarrollo en una franja que va desde el municipio de Loíza hasta Aguadilla. Esta zona aparece en los nuevos mapas identificada como (APE-ZC).

“De manera disparatada han creado una zona de protección que va de la costa a la montana incluyendo de manera absurda áreas como el Aeropuerto Luis Muñoz Marín, el Viejo San Juan entre otras que no guarda relación alguna con la zona cársica del país. Este intento produce grandes preocupaciones, no sólo al sector de la construcción del país, sino que pone en riesgo cualquier tipo de desarrollo que se pueda llevar a cabo en 52 municipios”, denunció Brito.

“Nuestro reclamo es cónsono con la política pública del gobierno, la conservación de nuestro ambiente creando las oportunidades de desarrollo organizado y planificado. Hoy exigimos a que no traigan por la cocina y de manera apresurada un reglamento sin consultar con los sectores productivos y de creación de empleo en el país”, señaló.

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