Cámara enmienda Ley de Seguridad de Empleos

UnknownEL CAPITOLIO – Con 48 votos, la Cámara de Representantes aprobó el lunes el Proyecto de la Cámara 1359 para enmendar la “Ley de Seguridad de Empleo de Puerto Rico”, a fin de armonizarla con las disposiciones federales referentes a los requisitos de elegibilidad para el pago de compensación por desempleo y sobre los sobrepagos de dicha compensación.

Las enmiendas irían a la par con los establecido el 21 de octubre de 2011 y 22 de febrero de 2012, por el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, cuando firmó la Ley Pública 112-40, “Trade Adjustment Assistance Extension Act of 2011”, y la Ley Pública 112-96, “Middle Class Tax Relief and Job Creation Act of 2012”, respectivamente, las cuales introdujeron enmiendas a varias leyes federales.

Las mismas disponen que los estados, incluyendo en este término a Puerto Rico, deben enmendar sus leyes para adoptar estas medidas, las cuales tienen el propósito de establecer nuevas estrategias para mejorar los programas existentes de compensación por desempleo, así como prevenir el sobrepago por desempleo y añadir métodos de recobro de dichos sobrepagos.

Así mismo, en la sesión se aprobó el Proyecto de la Cámara 1167 que tiene como fin facultar a dos o más municipios que pertenezcan a una misma región, para crear un consorcio o alianza y formar una Oficina Regional de Permisos. El Proyecto radicado por el presidente del Cuerpo, Jaime Perelló Borrás, y suscrito por los representantes Jesús Santa Rodríguez y José Rodríguez Quiles, será viable mediante enmiendas a la Ley de Municipios Autónomos que será atemperada a los nuevos mecanismos que ha instituido dicha Ley. La legislación, favorecida con 28 votos a favor y 20 en contra, también contempla reconocer que los municipios que no posean plan de ordenamiento territorial puedan formar parte de estas alianzas o consorcios.

Según destaca la exposición de motivos de la medida, la Ley de Municipios Autónomos no sólo promueve el desarrollo individual de los municipios, sino que provee para que formen alianzas entre sí, en áreas tales como el ordenamiento territorial. Ha permitido además que los gobiernos municipales, en conjunto, empiecen a viabilizar iniciativas en esa dirección, las cuales de ordinario no hubieran sido posibles por la cantidad de inversión de recursos que conllevan, tanto fiscales como técnicos. También indica que actualmente varios municipios han considerado unir esfuerzos y recursos para establecer una Oficina Regional de Permisos para lo cual resulta necesario atender las disposiciones que posee esa Ley de Municipios Autónomos, en específico el artículo 13.013, que limita la formación de estas iniciativas a aquellos gobiernos municipales que sean contiguos.

De forma unánime, fue favorecida la Resolución de la Cámara 387, de la autoría de la representante Sonia Pacheco Irigoyen, para identificar alternativas viables que faciliten la generación de las condiciones necesarias para la promoción y desarrollo del uso de la bicicleta como medio de transporte en San Juan. La resolución también busca propiciar la asignación de fondos destinados a infraestructura, accesos, rotulación, educación y orientación dirigida a los ciclistas y a la comunidad en general sobre sus derechos y responsabilidades al transitar por las vías públicas.

De la misma manera, fue aprobada la Resolución de la Cámara 589 de la representante Luisa “Piti” Gándara Menéndez, para investigar sobre el cumplimiento específico, por parte de las agencias gubernamentales pertinentes, de la legislación y reglamentación federal y estatal relacionada con la política pública dirigida a fomentar y promover la salud de nuestros niños y adolescentes a través de una nutrición saludable y la actividad física. La investigación busca garantizar la sujeción de éstas a las disposiciones que imponen la implantación de dicha política pública de una forma integrada.

Igual trato recibió la Resolución de la Cámara 20, de la representante Lydia Méndez Silva para investigar la implementación de la “Ley del Sistema de Vigilancia de Defectos Congénitos en Puerto Rico”; con el fin de analizar los resultados de su implementación, de los hallazgos publicados en sus Informes Anuales para el establecimientos de cambios en la política pública del Gobierno, necesidades fiscales y de personal para la continuidad o ampliación del Sistema.

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