Alcaldesa de Ponce reacciona sorprendida a declaraciones del secretario del Departamento de Desarrollo Económico Alberto Bacó sobre el PLA

UnknownPONCE – La alcaldesa de Ponce, María “Mayita” Meléndez Altieri, manifestó sorpresa el martes ante las declaraciones radiales emitidas recientemente por el secretario de Desarrollo Económico, Alberto Bacó, en torno a enmiendas a la ley 240 -que creó la Autoridad del Puerto de Ponce- que serán radicadas bajo un proyecto del representante Víctor Vassallo.

“Desconozco si esas expresiones del Secretario cuentan con el aval del honorable Gobernador García Padilla, con quien se acordó en junio pasado que equipos de trabajo de La Fortaleza y el Puerto de Ponce se reunirían para redactar y trabajar en consenso las enmiendas a la Ley 240 de 12 diciembre de 2011. Como no veíamos seguimiento de Fortaleza a lo acordado en junio, promovimos una reunión llevada a cabo en Ponce en agosto, y en la que participó la Secretaria de la Gobernación Ingrid Vila. Entendíamos que esa sería la primera reunión de trabajo bajo el acuerdo para atender posibles enmiendas. Sin embargo, para desagrado nuestro, poco antes de comenzar esa reunión el 14 de agosto con los funcionarios de Fortaleza, el Municipio se entera a través de la prensa de que justamente el día antes, el ex alcalde Zayas Seijo y el alcalde de Juana Díaz, Ramón Hernández, alegaban que se habían reunido con el Gobernador y habían llegado a los acuerdos para enmendar dicha ley. Todo eso ocurriendo a espaldas de Ponce”, dijo la alcaldesa.

Para la alcaldesa, el desarrollo del Puerto de las Américas ha sido politizado por el representante Vassallo desde el mismo día en que comenzaron las vistas celebradas por la Comisión de Desarrollo Integrado del Sur. El récord de dichas vistas legislativas y las expresiones del representante evidencian esa politización, así como las acciones posteriores tomadas por éste, al punto que las enmiendas a la ley 240 promovidas por Vassallo despojarían a Ponce de la franquicia sobre el Puerto que la ciudad ha disfrutado por más de 100 años.

“Constituye un acto de alta traición contra los ponceños, cualquier intento que pretenda despojar a Ponce de la franquicia sobre su Puerto, y no lo vamos a permitir, venga de donde venga. Las propuestas de ley que promueve el representante tienen el efecto de encallar el desarrollo del Puerto de las Américas”, dijo la alcaldesa.

Ese ejercicio legislativo sólo constituye una provocación por el hambre política de privar a la Alcaldesa de Ponce de presidir y nombrar a los miembros de la Junta de Directores de la Autoridad del Puerto de Ponce según establecido en la ley 240.

Mientras a la alcaldesa de Ponce y a la Autoridad del Puerto de Ponce se le niegan facultades y prerrogativas sobre las facilidades portuarias de la ciudad y la designación de la Junta de Directores, por otro lado, se le concedieron por la actual legislatura poderes similares al alcalde de Mayagüez y la Comisión del Puerto de Mayagüez mediante la aprobación de la ley 102 de 2013.

“Desde la aprobación de la ley de la Autoridad del Puerto de Ponce (ley 240) he promovido activamente que el gobierno central traspase a la nueva autoridad los activos de la Autoridad del Puerto de las Américas, ya que esta transferencia es una condición precedente y esencial impuesta por el Banco Gubernamental de Fomento para autorizar el desembolso de los fondos que se concedieron al proyecto al amparo de la ley 136 de julio de 2012. Esos activos que no se han traspasado aún, y los activos que a su vez el Municipio también transferiría a la Autoridad del Puerto de Ponce, en conjunto actuarían como garantía del financiamiento aprobado a la Autoridad del Puerto de Ponce para sus funciones. Si no cuentan con los activos del Puerto de las Américas y con los dineros del préstamo aprobado por el Banco de Fomento, la Junta de Directores de la Autoridad del Puerto de Ponce no podía adelantar de ninguna forma negociación con algún operador para el Puerto de las Américas. Por esta razón, constituía un ejercicio inútil el designar a los miembros de la Junta de Directores de la Autoridad del Puerto de Ponce si el gobierno central no estaba en posición de cumplir sus compromisos como no lo está al día de hoy. Si alguien ha paralizado a la Autoridad del Puerto de Ponce con ese incumplimiento ha sido el gobierno central”, dijo la alcaldesa.

Meléndez Altieri planteó que no es correcta la expresión de Bacó de que para negociar un contrato con un operador de calibre internacional para el puerto, sea necesario enmendar la Ley 240 al grado de privar a la ciudad de Ponce de tener el control decisional de una Junta de Directores que dispondrá sobre uno de los activos más importantes y valorados por la ciudad, como es el Puerto de Ponce.

“El operador portuario que esté interesado en negociar lo estará haciendo con la misma entidad creada bajo la actual Ley 240, o sea con la Autoridad del Puerto de Ponce, antes o después de la traicionera enmienda propuesta por dicho proyecto de ley. Si de lo que se trata es de protagonismo en la negociación, la Junta de Directores que se constituya bajo la ley 240 actual le puede garantizar al Secretario de Desarrollo Económico su rol como negociador principal de cualquier contrato bajo los parámetros establecidos por la Junta. Lo que la Junta de Directores bajo la ley 240 aprobada no haría es darle al Secretario, ni a nadie, una carta abierta para negociar el patrimonio de Ponce sin la participación decisiva de los integrantes de una Junta que es nombrada por la alcaldesa de Ponce”, manifestó Meléndez Altieri.

“La tentativa de quitarle a la Ciudad de Ponce su franquicia bajo la amenaza de que si no acepta esas enmiendas a la ley, pueden ser expropiadas sus facilidades e instalaciones portuarias, no nos amedrenta. Por el contrario, advertimos que esta ruta solo llevará esta controversia a los tribunales. El Municipio Autónomo de Ponce está en disposición de continuar de buena fe los esfuerzos para el desarrollo del Puerto de las Américas Rafael Cordero Santiago bajo las disposiciones de la ley 240. Y se mantiene abierto a negociar ciertas enmiendas a la ley 240 que la equiparen a las facultades que le han dado al Alcalde de Mayagüez”, dijo la alcaldesa.

“Ponce está listo para adelantar el proyecto pero no cederá el terreno ganado, el poder decisional conseguido ni sus propiedades, si el interés público de Ponce no queda bien protegido en la negociación”, finalizó Meléndez Altieri.

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