Fiscal federal anticipa cambios en sentencias y acusaciones por cambios propuestos por Departamento de Justicia

foto:noticel.com

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SAN JUAN La fiscal federal Rosa Emilia Rodríguez dijo el miércoles que no se puede descartar enmiendas en las acusaciones pendientes y hasta cambios en las sentencias impuestas a raíz del anuncio del secretario de justicia Eric Holder sobre las leyes antidrogas.

“Todo es posible. Ya nos advirtieron que no van a dar más ‘guidance’, orientación en cuanto a personas que ya se han declarado culpables y han sido sentenciados. Todo es posible”, dijo Rodríguez Vélez en conferencia de prensa.

Según la fiscal federal, a pesar de los cambios muchos de los casos que trabaja su oficina tienen un nivel de violencia mayor por lo que no vislumbra que se altere en gran medida la agenda de la Isla.

“Desgraciadamente para nuestra Isla, los acusados que nosotros tenemos casi siempre son violentos y narcotraficantes que tienen una labor más importante que un simple ayudante. Nos parece, por lo que hemos evaluado hasta ahora que va a ser la excepción”, mencionó.

El secretario de Justicia federal, Eric Holder propuso una reestructuración del sistema correccional que reduce las sentencias severas para determinados delitos vinculados con las drogas.

Durante una actividad el lunes para la Asociación Nacional de Abogados en San Francisco, Holder también propuso transferir a los condenados por delitos menores a programas de tratamiento y servicio comunitario y expandir un programa de cárceles que permita la liberación de algunos presos de mayor edad condenados por delitos no violentos.

“Tenemos que asegurarnos de que la cárcel se emplee para castigar, disuadir y rehabilitar y no solamente para condenar, encerrar y olvidar”, dijo Holder.

Las enmiendas buscan además solucionar el problema de hacinamiento en las prisiones de todo Estados Unidos y los costos que ello provoca.

El funcionario propone alterar las políticas del Departamento de Justicia para impedir que los condenados por delitos menores de drogas, no violentos, ni vinculados con organizaciones delictivas en gran escala, pandillas o narcocárteles, sean acusados con delitos que impongan sentencias mínimas obligatorias.

Las sentencias con prisión mínima obligatoria, resultado de la guerra contra las drogas en la década de 1980, limitan la discreción de los jueces para imponer sentencias más cortas.

Según la política propuesta, el secretario de justicia dijo que los acusados serán instruidos de cargos cuyas sentencias “estén mejor adaptadas a su conducta individual en vez de términos de prisión excesivos más adecuados para delincuentes violentos o narcojefes”.

Informes de prensa indican que las prisiones federales están operando a casi un 40 por ciento por encima de su capacidad y encierran más de 219 mil reclusos, cuya mitad está presa por delitos vinculados con drogas y muchos de ellos con trastornos por ingestión de drogas. Además, de 9 a 10 millones de prisioneros pasan por cárceles locales cada año.

“No podemos solamente juzgar o encarcelar para ser una nación más segura. Hoy, un ciclo despiadado de pobreza, criminalidad y encarcelación atrapa a demasiados estadounidenses y debilita demasiadas comunidades. Sin embargo, muchos aspectos de nuestro sistema penal podrían de hecho exacerbar este problema, en vez de aliviarlo”, sentenció.

Holder agregó que las sentencias mínimas obligatorias “fomentan irrespeto por el sistema. Cuando se aplican indiscriminadamente no favorecen la seguridad pública. Ejercen un efecto inhabilitante en las comunidades y a la larga son contraproducentes”.

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