Denuncian desmantelamiento de procuradurías

images109-300x144-155x144EL CAPITOLIO – Como atropellantes y dictatoriales calificó la expresidenta de la Cámara de Representantes, Jenniffer González Colón, las acciones de Fortaleza de no respetar la vigencia de los puestos de los procuradores y destituirlos, según ella”, meramente por razones políticas. “Este es el gobierno de la persecución. Ya han desmantelado 16 entidades por haber sido nombradas por pasados gobernadores, un hecho único en nuestra historia política. Ahora ejecutan una Ley que no estaba presupuestada y que desprotege al ciudadano al quitarle poderes de fiscalización a las procuradurías. Con esta acción, el gobierno del partido popular discrimina contra las personas de edad avanzada, los pacientes, las personas con impedimento y los veteranos lo que conllevará consecuencias adversas al deber del gobierno de velar por el bienestar de la ciudadanía”, denunció la también Portavoz de la delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP) en la Cámara de Representantes.

González Colón contrastó las acciones de la administración del Partido Nuevo Progresista (PNP) y de la actual administración popular referentes a las procuradurías; reiteró el compromiso del PNP de ajustar las finanzas del país al crear la consolidación de las procuradurías que conllevó ahorros y de velar por los derechos de la ciudadanía al otorgarle garras a estos entes, otorgándoles mayores poderes de fiscalización. Esto, contrario, según señaló, al Partido Popular “cuya improvisación procesal los lleva a aprobar legislación que le costará al país 15 millones de dólares los cuales no fueron presupuestados”.

Añadió que las nuevas procuradurías no tendrán un poder significativo de fiscalización ya que las nuevas leyes les limitan su alcance, desamparando a la clientela de estas agencias.

González Colón explicó algunas consecuencias al ponerse en vigor el plan de gobierno de desmantelar las procuradurías tal y como están ahora. La Oficina del Procurador de la Salud perderá las garras de esa oficina, pues la nueva ley le resta poderes para fiscalizar servicios de salud a nivel privado, lo cual le elimina su jurisdicción fiscalizadora al 55 por ciento de la población del país, los que tienen seguro privado, los pacientes de la Administración de Compensación de Accidentes de Automóviles (ACAA), los del Fondo del Seguro del Estado y los de Medicare.

Indicó también que se queda en el aire la multa impuesta a MCS por su abrupta salida del Programa Mi Salud que se encuentra en el Tribunal de Apelaciones (1.2 billones de dólares). Triple-S ya notificó que debido a la nueva ley 77-2013, y la pérdida de jurisdicción fiscalizadora sobre los planes privados, ya no va a contestar las multas y querellas en proceso, referentes a los planes privados. Esta nueva ley 77-2013 reduce los topes de multas de 10,000 a 5,000 dólares.

Por otro lado, denunció que el trastoque en la Oficina del Procurador de las Personas Pensionadas y de la Tercera Edad provocará que esta oficina pierda sus “garras fiscalizadoras” pues la nueva ley le resta poderes para fiscalizar a los planes privados de anualidades o de retiro.

“Los cambios realizados a las procuradurías, incluyendo la limitación de jurisdicción, no son lo suficientes como para justificar la supuesta creación de nuevas entidades y así justificar la salida de estos procuradores que le han servido bien a Puerto Rico. Los procuradores van a prevalecer en sus casos en los tribunales”, señaló.

Ya los procuradores de la salud y del veterano, Carlos Mellado y Agustín Montañéz, respectivamente, anunciaron que impugnarán sus destituciones en el tribunal.

Por su parte, la secretaria de la gobernación, Ingrid Vila insistió en entrevista radial (NotiUno)

que los procuradores no fueron destituidos de sus cargos a pesar que se anunció el nombramiento de nuevos procuradores interinos.

El miércoles Vila anunció el nombramiento de Ramón Calzada Jiménez para ser el procurador de Personas con Impedimentos; el de David Ortiz Ortiz para la procuraduría de Personas de la Edad Avanzada, mientras que Sandra Román Moya y Elizabeth López Cabrera serán las procuradoras del paciente y de los veteranos, respectivamente.

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