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Senadora radica resolución para investigar programas de espionaje operados desde la Isla

foto: facebook.com

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SAN JUAN – A raíz de las denuncias públicas hechas por el ex-analista de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) Eric Snowden, sobre las prácticas de espionaje de la comunidad de inteligencia de los Estados Unidos, la senadora del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), María de Lourdes Santiago Negrón, radicó la Resolución del Senado 411, para investigar la naturaleza y funcionamiento de los programas de espionaje Fornstat y Echelon operados desde Puerto Rico.

“Como parte de los hallazgos arrojados por la divulgación de información, se han hecho señalamientos en varios medios locales y extranjeros indicando que en Puerto Rico se llevaron a cabo operaciones conjuntas de espionaje entre la CIA y la NSA desde la base naval en Sabana Seca en el municipio de Toa Baja. De acuerdo a los datos publicados, estas operaciones coordinaban la interceptación de millones de comunicaciones en países latinoamericanos como Brasil, Colombia, Venezuela y México mediante un programa llamado “Fornstat”, destacó la también viceperesidenta del PIP.

La Resolución ordena a la Comisión de lo Jurídico del Senado investigar y documentar si el programa incluyó la vigilancia de comunicaciones de nuestros residentes; el estado actual del programa y la infraestructura que la apoyaba y; el nivel de conocimiento que tuvo el Gobierno de Puerto Rico de los mismos y cualquier otro asunto relacionado a programas de espionaje que han existido o existen en Puerto Rico.

“La realidad colonial de las relaciones entre Puerto Rico y los Estados Unidos ha permitido la existencia de unas operaciones realizadas sin el conocimiento de los puertorriqueños y muchos menos sin su consentimiento. Peor aún, ha posibilitado unas prácticas de espionaje que han tenido como objeto a ciudadanos, organizaciones y gobiernos en otros países latinoamericanos”, manifestó Santiago Negrón.

Por último, la Portavoz del PIP recordó que la historia de Puerto Rico ha estado manchada por la utilización de recursos gubernamentales, tanto locales como de los Estados Unidos, para intervenir en la vida privada de los ciudadanos y para infiltrarse en organizaciones políticas. “Por décadas, la infame práctica conocida como el “carpeteo” sirvió, bajo un falso manto de asunto de seguridad, para violentar derechos humanos de miles de personas por la única razón de que proponían que nuestro país se convirtiera en una nación independiente”.

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