Supremo declara inconstitucional el “Supremazo”

64924_356477661059394_670528587_n1-155x155SAN JUAN – El Tribunal Supremo determinó el martes en una Resolución que la Ley 18, la cual elimina facultades a ese foro, es inconstitucional y según la mayoría de los jueces asociados evidencia que la intención del Gobierno es dilatar los procesos judiciales en su contra.

“Ante la naturaleza de las reclamaciones de los demandantes- peticionarios de autos, la Ley 18 pretende ‘implosionar’ el camino para que estos no puedan lograr remedios importantes y urgentes que se les nieguen en los foros de jerarquía inferior. La revisión del dictamen final del Tribunal de Primera Instancia sería muy tarde para atender los posibles daños irreparables”, indica parte de la Resolución aprobada por 6 de los nueve jueces asociados.

Según el escrito, con la recién aprobada Ley, el Tribunal Supremo perdió facultades.

“La verdadera intención de este estatuto, expresada abiertamente por su autor y evidenciada por el tramite acelerado y atropellado para su aprobación, era maniatar este Tribunal y evadir la revisión judicial de estos y los demás casos contra el Gobierno. Ello es insostenible y no podemos avalarlo”, añade la Resolución.

La opinión se emitió en el marco de la revisión de una solicitud, la cual determinó no acoger en este momento, que radicaron varios demandantes sobre la recién aprobada Ley 3 de Retiro.

Sobre ese caso, determinó que el Tribunal de Primera Instancia debe atender con premura el recurso.

“Es conveniente y necesario que el Tribunal de Primera Instancia celebre una vista no mas tarde del 18 de junio de 2013 en la que se presente evidencia sobre la edad de los demandantes- peticionarios y los años cotizados en el servicio público, a menos que las partes logren estipular estos hechos”.

Los jueces asociados, en la Resolución, hacen un llamado a la Legislatura y al Ejecutivo a “dejar la guerra” con el Tribunal.

“La única guerra que debemos librar las tres ramas es contra la injusticia”.

Según informes periodísticos, el pasado 3 de junio, unos 390 empleados de la Oficina de Administración de Tribunales (OAT) y otros 200 de otras dependencias gubernamentales, radicaron una acción legal para impugnar la constitucionalidad de ambas leyes.

Los demandantes, representados por los abogados Edgar Vega, Miguel Verdiales y Raúl Santiago, alegan que el ‘Retirazo’ menoscaba obligaciones contractuales contraídas por el ELA con los demandantes. Además, aducen los demandantes que el ‘Supremazo’ es inconstitucional ya que, alegadamente, trastoca poderes inherentes del Tribunal Supremo de manera inconstitucional, y afecta el propio caso de ‘Retirazo’ que están llevando.

Además, el martes otro grupo de 956 empleados públicos de 38 diferentes agencias que se unieron a las demandas.

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