Propietario de negocio y su esposa condenados en el foro federal por fraude de servicios médicos

_44520475_080328_prico203bSAN JUAN – El 17 de junio 2013 acusado Gilberto Gómez fue condenado a una pena de prisión de 70 meses y se le ordenó pagar una indemnización por la cantidad de 1,956,750.54 dólares por el juez federal de Distrito, Gustavo A. Gelpí, anunció el martes, Rosa Emilia Rodríguez Vélez, fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico.

“Como parte del sistema de atención de salud de la nación, Medicare sirve a poblaciones vulnerables”, dijo la fiscal federal, Rosa Emilia Rodríguez Vélez. “Las sentencias dictadas por el Tribunal hoy muestran que no vamos a tolerar a los criminales que se dedican a operaciones fraudulentas que agotan el programa Medicare de los fondos que se destinan a la población de edad avanzada, con el fin de enriquecerse a sí mismos”, acotó Rodríguez Vélez.

Hoy en día, su esposa Yolanda García fue condenada a una pena de prisión de 12 meses y un día, seguido de 2 años de plazo de publicación supervisada y la contribución monetaria especial por la cantidad de 100.00 dólares.

Una orden de decomiso se publicó también la incautación de todos los bienes y dineros mencionados en el alegato de confiscación de la Acusación, que incluyen un lujoso apartamento en el condominio Gallery Plaza en Condado, varias cuentas bancarias, cuentas de inversión, joyas y otros bienes muebles que constituyen o se deriva, directa o indirectamente de los ingresos brutos trazables a la comisión del delito.

El 12 de enero de 2012, un gran jurado federal emitió una acusación contra varias personas por conspiración para cometer fraude de servicios médicos. Entre ellos, Gilberto Gómez, presidente de Monte Mar Health Corporation (Monte Mar), PROMEDS Medical Inc. (PROMEDS) y Quality Care Medical Supply (calidad) y Yolanda García-Rodríguez, alias “Yolanda Gómez,” la esposa de Gómez y el presidente de PROMEDS, secretario / tesorero de Monte Mar y un funcionario autorizado de la Calidad.

La acusación alega que desde el o alrededor de noviembre de 2008, hasta que en o alrededor de mayo de 2010, Monte Mar presentó al menos 1.518 reclamaciones falsas y fraudulentas a Medicare por un total aproximado de 2,993,127.35 dólares para el equipo médico duradero (DME) que no era médicamente necesario, causando Medicare a desembolsar aproximadamente 1,440,597.65 dólares. La acusación alega que el o alrededor del marzo de 2010, después de Monte Mar había sido colocado en un estado de pre-pago de Medicare, los acusados ​​Gilberto Gómez y Yolanda García Rodríguez compró PROMEDS y presentó reclamaciones falsas a Medicare reembolso en busca de DME, incluyendo sillas de ruedas eléctricas, la presión del poder reductor colchones de aire y órtesis de rodilla. PROMEDS presentarse al menos 359 reclamaciones fraudulentas a Medicare por un total aproximado de 786,368.34 dólares, causando Medicare para desembolsar aproximadamente $ 335,493.12.

La acusación alega que en octubre de 2010, una tercera empresa, la calidad, fue comprada por Gómez y García-Rodríguez después PROMEDS había sido colocado en un estado de pre-pago de Medicare. Desde dentro o alrededor de octubre de 2010, hasta mayo de 2011, Quality presentó al menos 115 reclamaciones falsas a Medicare por un total aproximado de 298,321.26 dólares, causando Medicare para desembolsar aproximadamente 180,659.77 dólares. La acusación alega una cantidad total de 4,077,816.95 dólares fraudulentos, facturado utilizando Monte Mar, PROMEDS y Calidad, donde Medicare desembolsó un total de aproximadamente 1,956,750.54 dólares.

La investigación fue dirigida por el Departamento de Salud y Servicios Humanos, Oficina del Inspector General (HHS-OIG), con la colaboración del Servicio Secreto de los Estados Unidos (USSS) y la Oficina Federal de Investigaciones (FBI).

“HHS / OIG trabaja con diligencia para investigar las denuncias de fraude al Medicare. Las sentencias de hoy implican Equipo Médico Duradero (DME), fraudes que demuestran nuestra determinación de llevar estos temas a la justicia. Además, nuestros esfuerzos, junto con la Oficina del Fiscal de EE.UU. y sus socios encargados de hacer cumplir la ley, han hecho una importante reducción en el total de dólares facturados y pagados DME en Puerto Rico”, añadió la fiscal Rodríguez Vélez.

“El Servicio Secreto de los EE.UU. se ha comprometido a investigar los delitos de fraude financiero para incluir el robo de identidad, junto con nuestras agencias asociadas para salvaguardar nuestro sistema financiero”, dijo Pedro Gómez, agente especial a cargo.

“Vamos a seguir para investigar este tipo de delitos en toda la extensión de la ley y llevar ante la justicia a los criminales que se dedican a prevenir robos de identidad para facilitar otras actividades delictivas”, añadió Gómez.

El caso fue procesado por la fiscal Auxiliar EE.UU. Héctor Ramírez Carbó y el asistente especial EE.UU. fiscal Wallace A. Bustelo.

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