PNP pide a la Cámara que no concurra con enmiendas al presupuesto

200px-PNP.logo_EL CAPITOLIO – La delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP) en la Cámara de Representantes sentenció el lunes la forma en que la mayoría del Partido Popular Democrático discutió y aprobó, en ambas cámaras, el presupuesto que entrará en vigor el próximo 1 de julio.

“El desgobierno popular aumentó el presupuesto de manera irracional en 885 millones de dólares sobre el vigente, para un total de 9,966.5 millones. Esto representa un aumento de 9.75 por ciento, mientras que, por otro lado, gritan que hay una deuda millonaria”, indicó en declaraciones escritas Jenniffer González, portavoz de la minoría cameral.

Asimismo, la expresidenta cameral solicitó al líder de la Cámara, Jaime Perelló, a que no concurra con las enmiendas radicadas en el Senado y que se cite un comité de conferencias para incluir propuestas de la minoría y para evaluar con detenimiento el impacto que tendrían los cambios en el presupuesto.

Según la delegación novoprogresista, el gobierno de Alejandro García Padilla pudo haber acogido el presupuesto de 9,418.7 millones presentado por los legisladores del PNP que incluía cero B2B (servicios entre negocios), cero patente nacional y ninguna eliminación de la Reforma Contributiva a las corporaciones. De la misma forma, incluía una asignación especial de 32 millones al Departamento de Hacienda con un plan para aumentar la captación del Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU) a un 16.5 por ciento.

Por su parte, el expresidente de la Comisión cameral de Hacienda, Antonio “Toñito” Silva, aseguró que los servicios básicos entre negocios se verán impactados con la imposición del impuesto. “Pagos a servicios de transportación, bancarios, seguridad, estacionamientos, lavanderías, telefonía, entre otros”.

También, afirmó Silva, pagará el impuesto las universidades en la compra de equipo para los salones y laboratorios, los hospitales en la adquisición de equipo médico y los hoteles en materiales para cuartos, piscinas, etc.

“Me preocupa cómo va a aumentar la criminalidad en Puerto Rico cuando los padres no puedan llevar el sustento a sus casas. El impacto de 1,500 millones en el bolsillo de la gente, anualmente, provocará que más personas se sigan yendo de Puerto Rico”, puntualizó el representante estadista.

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