Otro grupo lleva recurso al Supremo por Ley de Retiro

logo-topSAN JUAN – El Junte de Asociaciones con Pensionados del Gobierno de Puerto Rico informó que el lunes que llevaron ante el Tribunal Supremo el caso de la Ley 3 de Retiro, luego que el Tribunal de Primera Instancia de San Juan lo desestimara.

La misma es en apoyo a varios socios que en su carácter personal radicaron una petición de sentencia declaratoria e interdicto preliminar y permanente; contra la Ley 3 de la Reforma de los Sistemas de Retiro.

La Asociación de Policías Liderados con Certeza (POLICE) junto al licenciado Ernesto Aponte, están a cargo de la representación legal de este caso.

El lunes de la pasada semana la jueza superior de San Juan, Giselle Romero García desestimó todos los casos referentes a la Ley 3 de Retiro y canceló una vista evidenciaria que estaba programada sobre el caso.

El único pleito que queda pendiente es una demanda de daños y perjuicios en el caso radicado por el Sindicato de Policías (Víctor Trinidad Hernández y otros vs Estado Libre Asociado). En este caso la jueza Romero García emitió una sentencia parcial.

Los casos consolidados por el Tribunal de María del Carmen Alvarado Pacheco (empleados de la Oficina del Contralor), Monsita Denise Otero (empleados de la Administración de los Tribunales), Víctor Trinidad Hernández (miembros de la Policía de Puerto Rico), Lydia Cruz (Sistema de Retiro Central), Iris Bonilla Hernández (empleados del Municipio de San Sebastián) y José Alejandro De Jesús Rivera (empleados de varias corporaciones y municipios) contra el Estado Libre Asociado y sus funcionarios, buscaban que se declara inconstitucional la Ley 3 de Retiro.

Sobre este caso, el Tribunal Supremo determinó no acoger el pleito pero ordenó al Tribunal de Primera Instancia que celebrara una vista evidencia “en la que se en la que se presente evidencia sobre la edad de los demandantes- peticionarios y los años cotizados en el servicio público, a menos que las partes logren estipular estos hechos”.

En dicha Resolución, seis de los nueve jueces asociados declararon inconstitucional la Ley 18, que pretende definir las instancias en las que el Tribunal Supremo puede acoger un recurso de certificación.

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