Advierten PPD aprobó chequera sin fondos

foto: diasporadominicana.com

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EL CAPITOLIO – El expresidente de la Cámara de Representantes, José Aponte Hernández, advirtió el martes sobre la aprobación por parte de la mayoría parlamentaria de una ley para que no se tengan que identificar la disponibilidad de fondos a la hora de asignar los mismos. “Esta legislatura popular está algarete, saca fondos de una resolución para reasignarlos y ni siquiera se preocupan por conocer si esos fondos están o no disponibles. Si hacen esas reasignaciones hoy, cuando existe una Ley la cual exige certificar los fondos disponibles para una asignación, ¿se imaginan lo que harán sin la necesidad de certificar fondos que asignan? Estamos siendo testigos de la crónica de una deuda anunciada”, alertó el representante en declaraciones escritas.

El Proyecto del Senado 576 pretende derogar el Artículo 8 de la Ley Núm. 103-2006, según enmendada, conocida como “Ley de Reforma Fiscal de 2006”, la cual fue aprobada por unanimidad en el cuatrienio 2005-08, luego de un acuerdo entre las tres delegaciones partidistas y entre los poderes constitucionales (legislativo y ejecutivo).

Aponte Hernández señaló que al eliminar este Artículo, se elimina el requisito de certificación sobre el impacto fiscal de la legislación que se pretende aprobar y sobre la disponibilidad de fondos y su procedencia como parte de la evaluación de las medidas legislativas que autorizan o cuya implantación requiera la otorgación de fondos públicos. El Artículo 8 dispone que esta certificación tenga que ser emitida bajo juramento tanto por el Director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), como por el Secretario de Hacienda.

De convertirse en ley este proyecto, se podría hacer una asignación o reasignación sin necesidad de verificar la procedencia de los fondos ni su disponibilidad en las cuentas. Antes de la Ley, se realizaban asignaciones haciendo referencia a “fondos no comprometidos del gobierno estatal” hubiera o no los fondos en el presupuesto.

Esa práctica tenía el efecto de que luego de aprobado y cuadrado el Presupuesto, la Legislatura continuaba aprobando obras y actividades por cantidades de fondos por encima de lo ya presupuestado.

“Al ordenarse una obra o una erogación eso o se convertía en una obligación de deuda por parte de la agencia o municipio, o acababa pendiente por años de lograr hacerse hasta que aparecieran los fondos, u obligaba a que se transfirieran fondos de otras obras. Precisamente, esa práctica contribuyó a crear la crisis fiscal de los años 2005-2006, debido a la acumulación de compromisos sin fuentes de pago”, explicó el legislador estadista.

En el caso de reasignaciones, esto permitiría a la Comisión simplemente declarar en la medida que se usarán sobrantes de asignaciones anteriores, cuando es posible que la asignación original ya se haya consumido o ya se haya reasignado (Ejemplo: la Delegación Popular en la Cámara aprobó la RCC 256, que reasigna $255,000 provenientes de la RC 30-2011 – sin indicar que esos fondos ya han sido previamente reasignados mediante las RC 173-2011 y 1-2012).

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