Proyecto 367 atenta contra sana administración de justicia

slideSAN JUAN – El presidente de la Asociación de Abogados de Puerto Rico, Héctor R. Ramos rechazó el miércoles la aprobación en el Senado del Proyecto 367 porque atenta seriamente contra la sana administración de la justicia en el país y que fue avalado de manera atropellada. “Para la Asociación de Abogados es preocupante la manera también inconsulta del trámite senatorial: sin vistas, sin análisis, sin ponderación, sin opiniones, sin comparaciones con otras jurisdicciones y tan sin siquiera aparentar su justificación. Se trata de un proyecto que afecta el funcionamiento de nuestro sistema de justicia”, dijo Ramos en un comunicado de prensa.

Detalló que la medida representa un retroceso en la búsqueda de un sistema judicial más ágil y eficiente.

“Al limitar la facultad del Tribunal Supremo de Puerto Rico de emitir certificaciones intrajurisdiccionales se lacera el acceso a la justicia de un gran cantidad de ciudadanos, quienes tendrán que litigar sus casos por años en los tribunales inferiores, con todos los costos que ello conlleva, aun cuando estos presenten controversias noveles que ameriten ser resueltas con premura por el Tribunal Supremo”, explicó.

Además, puntualizó que al limitar en extremo el recurso de certioraria solo la revisión de sentencias finales del Tribunal de Apelaciones, con solo contadas excepciones, se cierran peligrosamente las puertas del más alto foro judicial y se dejan huérfanas de remedios a las partes que se vean afectadas por decisiones interlocutorias del Tribunal Apelativo.

“En fin, con este proyecto se limita drásticamente el acceso a la justicia de la ciudadanía y se garantiza que la resolución de las controversias judiciales en Puerto Rico será mucho más lenta”, afirmó.

Por otro lado, señaló se afectarían las conocidas reclamaciones de empleados públicos para impugnar la constitucionalidad de la nueva ley de retiro así como impugnaciones a leyes que no cumplan con la de Responsabilidad Fiscal y casos recientes como la inscripción del Partido Independentista.

“De prevalecer esta medida con vicios de inconstitucionalidad resultaría en que las reclamaciones tarden años en resolverse sin la posibilidad de revisión por el Tribunal Supremo. Se trata de una manera muy poco prudente de administrar y hacer justicia. Por ello solicitamos a la Cámara de Representantes o al Gobernador ser más juiciosos y que no den curso a una medida impensada que además resulta tan innecesaria como injusta”, advirtió. (CyberNews)

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