Pleito de clase contra compañías de celulares por daños y perjuicio

F9928293C4C14F95AD57427E1D7EC70BLunes 08 de Abril de 2013

EL CAPITOLIO – El representante novoprogresista, Ángel ‘Gary’ Rodríguez Miranda, exhortó el lunes a todas las personas que han sido víctima de fraude a través de teléfonos celulares, a entablar un pleito de clase contra las compañías de telecomunicaciones que se encuentran bloqueando la implantación del primer Registro de Teléfonos Prepagados en Puerto Rico. Rodríguez Miranda también adelantó que en los próximos días habilitará una línea telefónica, así como una serie de páginas en las redes sociales, para educar a las víctimas de este terrible esquema fraudulento en cómo se iniciará el pleito y los pasos a seguir para que reclamen sus justas compensaciones en los foros pertinentes.

“Basta ya de abusos. Estamos cansados de ver todos los días en la prensa como buenos puertorriqueños son estafados a través de los celulares prepagados sin ningún castigo. El Pueblo ya no aguanta más. Por eso, hoy estamos exhortando a cualquier persona que fuera víctima del esquema de fraude a que nos unamos en un pleito de clase contra las compañías que, pensando solamente en su bolsillo y no en la paz y tranquilidad de toda una sociedad, bloquean la implantación de un registro de celulares preparados que ayudaría a la policía a determinar el origen de estas fraudulentas llamadas”, señaló Rodríguez Miranda en comunicación escrita.

Rodríguez Miranda, quien representa a Toa Alta y Bayamón, es el autor de la medida que habilitó el registro. Desde el mismo momento que el entonces gobernador, Luis Fortuño, firmó la ahora Ley 280 en diciembre del 2011, la misma confrontó una tenaz oposición por parte de la Asociación de Compañías de Telefonía Móvil, conocida como CITA por sus siglas en inglés.

En febrero del 2011 CITA entabló un pleito civil en la corte federal reclamando el cese de la implantación del registro. Para octubre del año pasado, el juez federal, Bruce McGiverin, otorgó un interdicto provisional, favoreciendo a las compañías de celulares.

Rodríguez Miranda ha luchado a favor de la implantación del registro, herramienta solicitada por la Policía de Puerto Rico y el Departamento de Justica, para combatir esta novel empresa criminal.

“Estamos en el proceso de desarrollar una serie de tertulias para instruir a las víctimas de cómo pueden organizarse para entablar un pleito de clase, y presentar una querella ante la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones. Si luego de celebrada una vista en su fondo, la Junta determina que existe una violación, emitirá Resolución y Orden describiendo la misma. Entonces procederemos a la corte federal a reclamar la compensación a las víctimas de fraude por teléfonos móviles”, expresó el representante estadista.

La Ley de Acción de Clase por Consumidores de Bienes y Servicios (Ley Núm. 118-1971) provee para que los consumidores puedan instar un pleito de clase en contra de proveedores de bienes y servicios.  Uno de los objetivos principales de esta Ley, según reconocido por el Tribunal Supremo de Puerto Rico, es eliminar todos los obstáculos legales que dificultarían a los consumidores el acudir al Tribunal. Guzmán Matías v. Vaquería Tres Monjitas, Inc.,  (2006 TSPR 187). (CyberNews)

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